Sombras y luces de la ley de cambio climático

El pasado 14 de Abril el congreso de los diputados aprobó el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que ahora remite al Senado, donde seguramente se aprobará en breve. Es muy penoso que no se haya conseguido aprobar esta norma por consenso por dos razones fundamentales: por un lado, porque incluye metas que requieren el esfuerzo de los gobiernos de nuestro país hasta 2050, lo que supone que todo partido con posibilidades de gobernar debería estar implicado; por otro, porque afecta a sectores estratégicos de nuestra economía, y nada de hondo calado puede hacerse solo con el acuerdo de una parte de la población. Recuerdo ahora lo que comentó un amigo que estuvo conviviendo con indígenas norteamericanos en la gestión de un parque nacional en USA. Los líderes de las distintas tribus se elegían entre los más virtuosos y nada se aprobaba sin la aceptación de todos, aunque eso supusiera días y días de conversaciones. Aquí, seguimos sin enterarnos que la democracia no es el gobierno de la mayoría, sino de todos. 

El texto del proyecto de ley responde a los compromisos internacionales sobre cambio climático de España y de la Unión Europea. Recuerda la relevancia del problema y la gran convergencia de la ciencia actual sobre la necesidad de reducir drásticamente, y en breve plazo, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), si queremos evitar los peores escenarios que la ciencia actual prevé con las actuales tendencias. Un elemental sentido de la prudencia nos debe llevar a poner los medios para, por un lado, mitigar el problema y, por otro, para adaptarnos al mismo, allí donde los impactos previsibles sean inminentes. Ambos aspectos, mitigación y adaptación, están presentes en el proyecto de ley. La primera se orienta a reducir las emisiones de GEI, la segunda a una serie de medidas para disminuir la vulnerabilidad (daños previsibles) mejorando la previsión del riesgo y tomando medidas que eventualmente lo disminuyan. El proyecto de ley considera todas estas posibilidades. 

La ley pretende “descarbonizar la economía” para 2050, esto es que todas las emisiones se compensan con los sumideros naturales de carbono (plantas y océano, principalmente). Para conseguir esta meta final, se plantean como metas intermedias para el año 2030 que las emisiones sean un -23% de las registradas en 1990 (actualmente son +15%), y que las energías renovables supongan al menos un 74% de la generación eléctrica (actualmente el 40%) y un 42 % de la energía final (actualmente el 16%), además de que ésta se reduzca en, al menos, el 39,5 % con respecto a 1990. Las metas son ambiciosas y habrá que realizar un esfuerzo muy notable para cumplirlas. No se considera que la energía nuclear pueda tener ningún papel en estos objetivos, lo cual me parece muy complicado técnicamente. Con los graves problemas que los residuos nucleares generan, no hay que olvidar que es una fuente de energía estable y casi neutra en emisiones, además de que parece obviarse los posibles avances en fusión nuclear, en principio mucho más limpia que la de fisión. No soy experto en el tema nuclear, pero a priori parece arriesgado no considerarla si queremos realmente prescindir completamente de los combustibles fósiles. 

Entre las medidas para la reducción de emisiones, la ley prevé fomentar las energías renovables, principalmente la hidráulica reversible, los gases renovables (biogás, biometano e hidrógeno) y los biocombustibles, que también se usarán en el transporte aéreo, la eficiencia energética y rehabilitación de edificios. En el capítulo de movilidad eléctrica se extenderán las limitaciones para que los vehículos con combustible fósil entren en los centros urbanos, se desarrollarán campañas de estímulo para la adquisición de vehículos eléctricos (acaba de aprobarse el plan Moves III) y de puntos de carga. En lo que se refiere a la adaptación a los efectos del cambio climático, se mencionan los riesgos climáticos, la gestión del agua, el dominio público marítimo, la gestión territorial y urbanística, la seguridad y la dieta alimentaria, salud pública y biodiversidad. Finalmente, se menciona la importancia de mejorar la formación y la investigación sobre esta cuestión. 

En mi opinión, la ley apunta en la dirección correcta, pero requerirá distintos reglamentos para aplicarse y que no quede en papel mojado. Recordemos que España firmó el protocolo de Kyoto, pero nunca lo cumplió, ya que en 2010 superaba en 7 puntos los porcentajes de emisión acordados con la UE. Esperemos que no ocurra lo mismo con el Acuerdo de Paris, que en este momento está muy lejos de las intenciones declaradas en su firma. Dice un proverbio africano que si quieres ir rápido vete solo, pero si quieres ir lejos, vete acompañado. Aquí necesitamos ir rápido y juntos. No podemos dejar a nadie atrás, porque los retos que plantea el cambio climático no afectan solo a los gobiernos o a las grandes empresas: son de todos, desde el gobierno a la oposición, desde los ministerios hasta las consejerías autonómicas y municipales, desde los empresarios hasta los consumidores, que deciden comprar un producto u otro, con mayor o menor huella de carbono. No es una cuestión política, es una cuestión ciudadana, y todos debemos implicarnos, de una forma u otra, en su solución.